El artículo 104 de la Constitución refleja el cambio de modelo policial en contraposición con el modelo policial franquista, expresa la voluntad del constituyente de terminar con un modelo militarizado de ejercicio del orden público. Una concepción de la policía como un mecanismo de defensa del poder contra el pueblo no podía perpetuarse en un sistema constitucional democrático, y el constituyente español estimó oportuno plasmar tal evolución en la Carta Magna. Se entiende así que dedicara un artículo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La Constitución pone fin a la implicación de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento de orden público, creando las bases para una policía civil en consonancia con los principios democráticos y profesionalizada. Manifiesta claramente la separación orgánica y funcional entre Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Es evidente que un orden constitucional democrático es incompatible con el uso de procedimientos represivos ilícitos, 23F, GAL y Operación Columna –todavía por esclarecer- por ejemplo. No hay duda alguna acerca de la creación de la Guardia Civil como fuerza civil al servicio de la autoridad civil, en la exposición de motivos del decreto fundacional de 28 de marzo de 1844 se lee que “ni el ejército ni la Milicia nacional desempeñan con la fe necesaria el servicio enojoso de la policía” constatando “ser una necesidad, porque ninguna de las fuerzas existentes puede llenar la falta de un cuerpo civil”. Dada la coyuntura de la época, la presión de las máximas autoridades castrenses, se impuso el espadón –personaje de elevada jerarquía en la milicia, y, por extensión, en otras jerarquías sociales. Militar golpista-, acepción RAE, y con ello el modelo inicial de la Guardia Civil quedó bien pronto desnaturalizado. Pocos días después de que el general Narváez presida el Gobierno, un nuevo Decreto de 13 de mayo...
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